Si pasados 90 días no hay pacto, la medida quedará invalidada
BRUSELAS.- En una esperada y tensa votación, la Eurocámara ha rechazado esta mañana la directiva comunitaria que hubiera permitido ampliar la jornada laboral de 48 hasta 65 horas semanales en toda la UE.
En una contundente victoria del Parlamento contra los gobiernos de los Veintisiete y la Comisión Europea, la mayoría de eurodiputados, socialistas y populares de distintos países, aprobaron una legislación que incluso puede obligar a países como Reino Unido a acortar su jornada laboral.
Los británicos, como los trabajadores de otros 14 miembros de la UE, pueden trabajar más horas del máximo común -48 horas semanales- por un 'opt-out' aprobado por su Gobierno, pero que, según la versión enmendada por los eurodiputados, esta excepción debe ser suprimida después de un periodo de transición de tres años.
Tras esta votación, empieza un periodo de 'conciliación' entre los gobiernos, el Parlamento y la Comisión para intentar, en un plazo de 90 días, llegar a un acuerdo, aunque la sustancia de lo aprobado este miércoles por la Eurocámara prevalecerá ahora en esas negociaciones.
Si no hay pacto, la legislación se abandona y se continuará con el maximo de 48 horas semanales, como el que se aplica en España, con excepciones para algunos miembros.
Alejandro Cercas, el eurodiputado socialista encargado del informe sobre esta legislación, explicó, entre largos y efusivos aplausos, que la decisión es un "triunfo" del Parlamento y que no debe ser tomada por los Veintisiete como un "contratiempo", sino como una "oportunidad de rectificar una decisión equivocada" y valorar en toda Europa la "reconciliación de la vida familiar y personal y la vida profesional".
El acuerdo sobre la directiva que habían alcanzado los ministros de Trabajo de la UE en junio recogía que, en virtud de acuerdos individuales, empresario y trabajador pudieran alargar la jornada laboral hasta 60 horas semanales, calculadas como media sobre un periodo de tres meses, e incluso hasta 65 horas en ausencia de un convenio colectivo o cuando el periodo inactivo de la guardia se considera tiempo de trabajo.
La Eurocámara rechaza la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales
El 'no' gana por mayoría absoluta en el Parlamento Europeo y frena la aprobación de la directiva de tiempo de trabajo pactada por los gobiernos de la UE Bruselas se ofrece para mediar entre los eurodiputados y los estados miembroEstrasburgo (Francia). (EFECOM).- El Parlamento Europeo (PE) se opuso por mayoría absoluta a la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales y frenó la aprobación de la directiva de tiempo de trabajo pactada por los gobiernos de la UE. Finalmente, las enmiendas introducidas en contra de las 65 horas por el ponente del texto, el español Alejandro Cercas (PSOE), obtuvieron una mayoría holgada, que forzará a los Estados miembros a abrir una negociación con los eurodiputados para sacar adelante la reforma. "Esto no es un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada", aseguró Cercas inmediatamente después de la votación. La Comisión Europea se comprometió a hacer "lo que pueda" para mediar entre la Eurocámara y los países miembros durante el proceso de conciliación que se abrirá a partir de enero para solucionar las divergencias sobre la Directiva de Tiempo de Trabajo. Por su parte, la presidencia francesa de la UE afirmó que lograr un acuerdo sobre la directiva de tiempo de trabajo es "difícil" pero "posible" a pesar de las fuertes diferencias entre la Eurocámara y los países comunitarios. El ministro francés de Empleo, Xavier Bertrand, dijo, tras un Consejo de Ministros comunitarios, que "hay margen de trabajo de cuestión de escritura" del texto, y aseguró que "una nueva redacción podría no poner tantos problemas en algunos países". La postura aprobada por el PE se opone totalmente a los principales puntos pactados por los gobiernos y, en lugar de generalizar la excepción que disfrutan algunos Estados miembros al tope de 48 horas semanales en la jornada laboral, propone su eliminación total en un plazo de tres años. La cláusula, conocida como "opt-out", fue obtenida por el Reino Unido en la negociación de la directiva en vigor y permite hoy en día que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste pueda superar el máximo de horas que fija la legislación. La intención de los Estados miembros era convertir esa excepción temporal en definitiva, lo que haría que los trabajadores de aquellos países que la aplicasen pudiesen alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 o 65 horas semanales, según los casos. Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo. Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad. El "no" del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un periodo de "conciliación" entre la cámara y los Estados miembros que podría prolongarse hasta ocho semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo. "Vamos a hacer una oferta al Consejo (órgano que representa a los países) que va a ser razonable, una oferta negociada con los sindicatos y los médicos, y el Consejo verá", dijo hoy Cercas.
De no lograrse el acuerdo, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva "provisional" aprobada en 1993 por los gobiernos y que la Eurocámara quiere reformar. En una nota de prensa, la CE advirtió de que "no puede haber cambios en la Directiva a menos que se llegue a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo". El comisario europeo de Trabajo, Vladimir Spidla, confió en que los órganos alcancen "una solución que permita alcanzar un acuerdo satisfactorio", y también se mostró "convencido" de que la presidencia de turno checa, que comienza en enero, "tramitará este asunto apropiadamente".
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