Flexibilización del despido colectivo y del despido por causas objetivas. Se amplían los supuestos en los que las empresas pueden acogerse a “causas económicas” como descenso de ventas o impago de un proveedor para despedir a trabajadores. La indemnización a percibir por los empleados, en estos casos, es sólo de 20 días de salario por año de servicio y doce mensualidades de tope (en lugar de 45 y 42 mensualidades de tope). O lo que es lo mismo: más facilidad para despedir, y más precariedad para los trabajadores.
Generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida. Se extiende a todos los trabajadore/as que lleven más de tres meses en paro. Estos contratos reducen la indemnización por despido improcedente de 45 días por año de servicio a 33.
Abono por el Fondo de Garantía Salarial de parte de la indemnización en caso de extinción de contrato. Concretamente, de 8 días de salario por año de servicio, que serán detraídos del dinero que tenga que abonar el empresario. Costeara 37 días por año en caso de 45 y 25 en caso de 33 la empresa nada más en caso de despido improcedente.
Nuevas condiciones de inaplicación del régimen salarial pactado en Convenio Colectivo. Esta parte de la reforma, que puede que no diga mucho a los no entendidos en la materia, podría ser la punta de lanza de una agresión a los derechos de negociación colectiva; se establece que en ausencia de cláusula al respecto en Convenio, la empresa tiene la capacidad forzar un acuerdo al margen del mismo, relativo a los salarios, para que éstos queden por debajo de los pactados en Convenio. Lo que nos llevaría a “salarios de primera” y “de segunda” en un mismo sector.
- Eliminación de la prohibición de Agencias de Colocación con fines lucrativos. Sí, señores: se liberaliza el mercado de empleo, permitiendo (más de lo que se venía haciendo hasta ahora) que haya que, literalmente, pagar para encontrar trabajo. Se deja en manos de empresas privadas, cuyo fin es buscar beneficio, la colocación de los trabajadores. Y se amplía las actividades de las ETTs al sector de la Construcción y de las administraciones públicas.
Unido a la subida de dos puntos del tramo del IRPF en nuestras nominas, el ascenso del IVA (Impuesto indirecto) del 16 al 18%. Y restricciones económicas en el uso de la ley de Dependencia, reducción de ayudas al desarrollo y la cooperación, eliminación del cheque Bebe y endurecimiento de la ley de extranjería. Pero…la familia real sigue recibiendo 9 millones de euros para gastos privados fuera del protocolo, 815 millones de Euros cuesta la misión de guerra del ejército Español en Afganistán, las subvenciones a la Iglesia Católica fueron de 6.800 millones de euros en el 2009, las ayudas a la Banca por parte del estado hasta la fecha son de 230.000 millones de Euros equivalente al 31.4% del PIB.
La crisis del sector financiero y de la especulación del ladrillo, la pagan los Trabajadores/as, las ONGs, los inmigrantes, los pensionistas, los funcionarios públicos y la ciudadanía de base en general. ¿No son razones para moverse? O ¿esperamos que en Septiembre nos pongan la jubilación a los 67 años?
Sección Sindical de CCOO-Alcampo/La Vega
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